Del sueño petrolero
al libre mercado

Problemas como el desempleo, en México tienen años de gestación. Si bien puede fijarse su inicio en los años cincuenta del siglo pasado, cuando estaba en pleno auge el llamado “Milagro mexicano”, el proceso se aceleró al ejercerse un modelo económico conocido como neoliberalismo.

El neoliberalismo, fundado en la ideología económica liberal propuesta siglos atrás, presupone que debe existir libertad para todos de manera individual, lo que incluye libertad en el comercio y de producción empresarial. En nuestro país se retoma esta ideología después de que, por algún tiempo, el Estado regulara la actividad económica.

Antes de las políticas económicas neoliberales, existía en México un modelo económico conocido como modelo de sustitución de importaciones el cual pretendía producir en el país ciertas clases de productos en lugar de comprarlos en el extranjero. Debido al éxito de esta política, se trató de copiar el modelo del llamado Estado benefactor de las grandes potencias capitalistas, sin un logro contundente.

Los críticos de tal Estado benefactor veían en él la proliferación de “parásitos” como los sindicatos. En México durante ese periodo surgieron sindicatos que se mantuvieron y se mantienen, los que sobreviven, de recursos estatales,  utilizando a su favor la ganancia de las inversiones hechas, presionando al mismo tiempo a invertir en gastos sociales. Con la caída del Estado benefactor y la entrada del neoliberalismo, esa tendencia cesó paulatinamente.

Después del desplome del sueño petrolero en el sexenio del presidente José López-Portillo (1920-2004), la mayor parte de las empresas paraestatales fue vendida y hubo una reducción en el gasto público; el capital privado comenzó a entrar rápida y eficazmente para hacer inversiones en el país, el Estado poco a poco fue abandonando la administración económica para dejarla a las fuerzas del libre mercado.

Descifrando el desempleo

En materia económica hay una relación entre los indicadores del crecimiento anual de un país que se miden en el Producto Interno Bruto (PIB) y la creación de empleos que se registran anualmente. Si el PIB, teóricamente hablando, tiene un crecimiento, se observará que se registra una creación de empleo, al contrario de lo que sucedería si el PIB tiene un resultado negativo.

Después de la crisis de 1986, México registró un crecimiento económico del 3.1% en el PIB, lo que devino en la creación de empleos; después de la crisis de 1995 se quedaron sin empleo 2 millones 700 mil personas(1).

La pérdida masificada de puestos laborales tardó en subsanarse cinco años, es decir, no se recuperó la totalidad de las plazas sino hasta pasado este tiempo. Es importante señalar que, además de recuperar esta cantidad de puestos laborales, anualmente se tenían que crear 1 millón 200 mil empleos para cubrir la demanda de nuevos solicitantes que se integraban al mercado laboral.

Al mismo tiempo que se dan despidos masivos y el cierre de empresas, creció la economía informal. En 1997 el autoempleo se eleva hasta el 52.3%(2) de la población ocupada volviéndose una válvula de escape ante las recurrentes crisis, posibilitando, a su vez, la obtención de ingresos con el comercio a menor escala como la venta de alimentos, dulces o diversos artículos, cuyas transacciones se realizan frecuentemente en la vía pública.

Pese a la aparente desventaja que tiene este tipo de actividad económica, al carecer de las prestaciones intrínsecas en una relación laboral obrero-patrón, esta forma de subsistencia contribuye con el 30.1% del PIB nacional, lo que deja ver la rentabilidad del comercio informal al proporcionar una estabilidad al interior de las economías familiares, y al promover un tipo de liquidez al comercio interno.

La sincronización de las políticas económicas nacionales y el mercado internacional, en la globalización, dejan ver que las decisiones gubernamentales locales no son independientes; las soluciones adoptadas por los titulares gubernamentales en ese tiempo estuvieron delimitadas a las estipulaciones dadas por organismos financieros internacionales.

La conexión entre lo global y lo local es clara hoy en día y las consecuencias orillan a la sociedad a encontrar soluciones alternativas a las eventualidades económicas, tales como el empleo informal.

Impuestos nacionales

El impuesto es una forma de tributo o de contribución que los gobiernos cobran y de los cuales obtienen ingresos. Éstos se destinan al mantenimiento del Estado, al financiamiento de obras públicas y al desarrollo de programas de asistencia social.

Los cobros de impuestos efectuados se agrupan en diferentes categorías: directos e indirectos; impuestos al gasto, al ingreso e impuestos a la propiedad; impuestos regresivos y progresivos; etcétera. Estas son las formas más comunes en que los gobiernos presentan dichos cobros.(3) La recaudación de impuestos está diseñada para que la mayor contribución sea hecha por aquellos individuos o empresas que obtienen un mayor número de ingresos económicos.

Los mecanismos para la recaudación tributaria de los gobiernos están determinados por el tipo de política fiscal que elaboran. Se dirigen las acciones del gobierno en materia de recaudación con el fin de llegar a metas de corto, mediano y largo plazo. La planeación depende del presupuesto de egresos e ingresos que se hace de forma anual, para fijar la meta de recaudación.

John Mynard Keynes (1883-1946), economista inglés del siglo pasado, fue quien concibió la política fiscal como una herramienta que el Estado podía usar para invertir en gasto público, y evitar consecuentes crisis económicas. Las propuestas de Keynes se implementaron en el mundo de la posguerra y fueron cuestionadas con la crisis financiera de los setenta.

Keynes apoyaba la movilización de capital económico hacia la inversión en gasto público, para la construcción de hospitales, escuelas, centros de recreación, mejoramiento o construcción de vías de comunicación, etc. Con la decadencia de esta política económica, los gobiernos se vieron obligados a optar por nuevas medidas que les permitieran asumir y enfrentar el problema del endeudamiento que les dejó la crisis.

En los años inmediatos a la posguerra en México la recaudación fiscal estuvo planeada de acuerdo a lo postulado por el economista mencionado; las contribuciones fueron acopladas a la capacidad de pago y, éstas, canalizadas al sufrago de los gastos Estatales y a la inversión pública(4). La continuidad de políticas fiscales similares en el país duró hasta el final de los setenta, cuando se gestaba la crisis de la deuda.

Después de esta crisis hubo un recorte presupuestal en obra pública como medida de austeridad para generar el mayor ahorro posible. Se presentó también un alza considerable al cobro de impuestos por parte del gobierno para maximizar los recursos entrantes y con ello liquidar las deudas contraídas con instituciones bancarias externas como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La deuda con el capital extranjero se utilizó para financiar la exploración y explotación de nuevos yacimientos petroleros en aguas nacionales. Ante la crisis petrolera internacional de finales de los años setenta, México se declaró en suspensión de pagos y tuvo que solicitar nuevos préstamos; la consecuencia inmediata fue una reestructuración de la política fiscal durante los años ochenta.

El aumento en los impuestos es una expresión de fenómenos inflacionarios que repercuten en  el poder adquisitivo de los consumidores. A esta cuestión hay quienes dicen que no existe un control adecuado sobre la aplicación y planeación de los mismos, provocando afectaciones a los consumidores, al limitarse sus posibilidades de compra.

Fue durante la llamada década perdida que en México entró en vigor una nueva forma de contribución fiscal, la cual constituyó una novedad en el ámbito tributario, pues el cobro iba intrínseco en los precios de mercancías y productos ofertados. El Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) sustituyó al Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles; el propósito de este reemplazo fue evitar que la recaudación fiscal se viera afectada por otra eventual crisis(6).

El cobro del I.V.A. sólo se ha aplicado a artículos de lujo; a artículos básicos, como alimentos y medicinas, no se aplica este tipo de impuesto pues se considera que agravaría la economía familiar.

Se piensa que la aplicación de dicho impuesto sobre artículos básicos, aunque tendría efectos negativos a corto plazo, a largo resultaría benéfica para la población. En primer lugar se podrían obtener recursos de quienes jamás han sido contribuyentes; dicho ingreso, a través de una buena administración estatal, se canalizaría a la inversión y al desarrollo de proyectos sociales(7), beneficiando así a aquellos afectados en el corto plazo.

Los recortes presupuestales son comunes en tiempos de crisis; campo, salud, educación, vivienda, etc., se ven afectados, lo que ocasiona protestas y descontento social. En la dinámica de la economía actual, se tiene que contar con las inversiones del capital privado que permitan el desarrollo local a través de la creación de empleos; las contribuciones y la austeridad presupuestaria son medidas tomadas para darle liquidez a las inversiones y estabilidad a la economía, de otra manera todo el aparato productivo pararía.

Las crisis y las medidas para afrontarlas se pueden interpretar como expresiones inherentes al sistema, en este contexto globalizador presente desde hace años.