Desigualdad, violencia y corrupción

Tres factores importantes en el desarrollo nacional y en el mundo globalizado son la desigualdad, la violencia y la corrupción. La distribución de ingresos entre la población mundial empeoró en 1980 tanto en los países que tenían igualdad de condiciones económicas como Alemania, Suecia y Dinamarca, como países latinoamericanos con mayor desigualdad, como México.

México es un país con desigualdades sociales ancestrales..En los años sesenta y principio de los setenta  aparecieron las primeras encuestas de hogares para medir la pobreza. A pesar de que estas generaran datos para tratar de encontrar una solución a partir de los mismos no tuvo seguimiento seguimiento el tema en un periodo de aproximadamente diez años. Hasta la crisis de finales de los ochenta cuando los niveles de vida de los ciudadanos mexicanos bajaron, el interés por el problema resurgió.

En el gobierno de Ernesto Zedillo,  en 1997, se creó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), el cual tenía como objetivo proporcionar igualdad de oportunidades en cuanto a las necesidades básicas de la población. Este programa fue sustituido en el sexenio de Vicente Fox por el de Oportunidades con el objetivo de mejorar el proyecto anterior, con acciones como la repartición de becas para niños y jóvenes a partir de tercero de primaria y hasta el último grado de educación media superior; fondo de ahorro para jóvenes que concluyen su educación media superior; apoyo para útiles escolares, servicios médicos y sesiones educativas para la salud. También el ahora Seguro Popular que otorga cobertura de servicios de salud a aquellas personas que no tienen emplo o trabajan por su cuenta.

Estos programas ejemplifican su contribución en el mejoramiento de los resultados escolares y de salud, y la disminución de los índices de la pobreza pero el impacto que tiene para desaparecer la desigualdad es bajo; los problemas no se solucionan de raíz sino a través de “placebos económicos” con los que se cubren las necesidades por un corto período; no se aplican  soluciones integrales.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha dicho que en los últimos treinta años la distancia entre ricos y pobres ha aumentado de forma considerable, y que México se sitúa como uno de los países de la OCDE más desiguales (segundo lugar sólo después de Chile) con ingresos 26 veces superiores para 10% de la población más rica respecto a 10% de la población más pobre. Se dice que el más claro ejemplo de la desigualdad en México es tener al hombre más rico del mundo y 52 millones de personas en la pobreza.

El trabajador

pariente incómodo de la democracia

El académico del Colegio de México, Julio Boltvinik (1944), dice que el escaso crecimiento económico trae consigo empleos precarios, salarios bajos y el aumento de la informalidad en el país, incrementando la pobreza. Ello se suma a políticas fiscales que favorecen a los más ricos y un limitado gasto social como proporción del PIB, ampliando la brecha de ingresos.

Los principales elementos en los que reside la desigualdad entre ricos y pobres son educación, ocupación laboral y el tamaño del hogar. Como menciona Miguel Székely en su artículo “La desigualdad en México: una perspectiva internacional”, “el motivo de esta estrecha relación, es que la educación es un tipo de activo por el cual puede recibirse una retribución monetaria. A mayor educación, mejor retribución, y por lo tanto, mayor es el costo de oportunidad de no participar en el mercado laboral […] Entre mayor es el nivel educativo, mayores son las oportunidades y retribuciones, y por lo tanto mayor la participación”.(1)

Socializar las pérdidas

Privatizar las ganancias

El problema de la desigualdad en México es muy complejo y no puede reducirse únicamente a un factor, como algunos lo han visto, meramente educativo. Varios factores repercuten para que la brecha entre ricos y pobres se amplíe, por lo cual debe ponerse atención en todos los factores que la provocan y no sólo en uno. Por ello es necesario un reordenamiento de políticas en diferentes rubros como el comercial, laboral, financiero, educativo y seguridad social. Al respecto Miguel Székely (1965) dice, “el problema de la desigualdad en México es muy complejo y por tanto, su solución no es fácil. El problema de la desigualdad no tiene sus orígenes solamente en las diferencias de educación. Hay algo más allá de dichas diferencias. La estructura de la economía no solo en México sino en la mayoría de los países de la región genera una elevada desigualdad. Es necesario atacar este problema de raíz con una visión amplia y comprensiva”.(2)

La falta de oportunidades, y, por lo tanto, de retribución monetaria genera un desasosiego en la sociedad. La gente, principalmente la juventud al no encontrar una opción en la cual percibir un ingreso monetario de forma segura, se inserta en el mercado informal, el robo o la venta de sustancias prohibidas.

En los años ochenta la principal sustancia prohibida que se producía, vendía y consumía era la marihuana, pero con el tiempo ésta cedió el lugar a la cocaína. En esa época México era uno de los  lugares por donde pasaban las sustancias ilícitas provenientes del centro y sur de América para llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, a principio de los noventa cambió radicalmente delineando el camino del panorama que en la actualidad afecta al territorio mexicano.

El hambre también es violencia

La venta como el consumo de estupefacientes en México ha generado, en los últimos años, un incremento en la violencia. Según Paul J. Goldstein(3), existen formas de relacionarse las drogas y la violencia: violencia por psicofarmacología, económico-compulsiva y la “sistémica” o inherente al tráfico y venta de las sustancias ilícitas. La primera es resultado del estado de intoxicación de una persona que reacciona de forma agresiva; la segunda se refiere a la violencia ejercida por aquella persona adicta que necesita, a como dé lugar, dinero para la comprar y consumir. El último tipo de violencia es un recurso utilizado para determinar quién controla cierto territorio y obtiene los beneficios de la venta de estupefacientes.

Al respecto, Alejandro Poiré (1971)  señala que “Los dos primeros tipos de violencia están directamente relacionados con el consumo de sustancias ilícitas, mientras que el tercer tipo se relaciona especialmente con las características de la actividad criminal de la producción y distribución de la droga. En México, como en otros países, se presentan los tres tipos de violencia y de hecho, son abundantes los datos sobre la relación entre el consumo de drogas y la comisión de delitos, sin embargo la violencia sistémica es la que ha generado la mayor proporción de las cifras de homicidios registrados actualmente.”(4)

Los lugares de la República Mexicana que presentan más índices de violencia relacionadas con la venta de sustancias prohibidas son Michoacán, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Nuevo Laredo, ciudad Juárez, Monterrey. El costo económico para el país tanto social como económicamente ha sido sustancial. Los estados mexicanos afectados de forma importante por la violencia comienzan a experimentar una reducción de la actividad económica, por ejemplo, disminución de las inversiones y del turismo; el aumento considerable  en el costo de operaciones como el alquiler de protección y los rescates. A pesar de ello, es en el terreno de la seguridad pública donde el tráfico de drogas afecta más y donde la situación mexicana se agrava.

No es sólo el consumo de drogas donde radica el problema sino de todo lo que se genera a su alrededor. Como menciona Jorge Hernández Tinajero, “no es difícil ver que la relación más conflictiva de las drogas con nuestra sociedad proviene de la violencia, la corrupción y los grandes intereses que generan los mercados ilegales, y no del consumo de las drogas mismas, cuyo aspecto en materia de salud son subestimados presupuestal e institucionalmente en detrimento precisamente de la salud que pretende proteger”.(5)

Corrupción y violencia

La corrupción se entiende como un abuso de poder en beneficio propio. Dentro de las leyes mexicanas en el Código Penal Federal esta especificado como Cohecho en el artículo 222, fracciones I y II. La fracción I dice que [cometen el delito de cohecho] El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones. La fracción II dice que [cometen el delito de cohecho] El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

En el caso del tráfico de sustancias prohibidas, la corrupción permea varios niveles de autoridades. El que se encarga del narcotráfico busca la manera de corromper a la autoridad con sobornos monetarios o en especie para que ésta le permita realizar libremente su  actividad delictiva. Las autoridades crean un círculo vicioso al permitir que el crimen organizado desarrolle el tráfico de estupefacientes. Está claro que muchas autoridades lo hacen por ambición pero otras las hacen bajo amenaza, en donde se juega la integridad de ellos mismos y de sus familias.

Los bolsillo de los gobernantes deben ser transparentes.

Enrique Tierno Galván.

Para contrarrestar este fenómeno, se creó en 1999 Transparencia Mexicana para estudiar y combatir los índices de corrupción estatal. Dicha instancia realizó un estudio en el cual se  llegó a la conclusión de que la percepción de la gente en el país tiende a ver que hay mayor corrupción en los niveles altos de la sociedad, en funcionarios o políticos. También se observó que la gente joven sitúa el problema de la corrupción por encima de la inseguridad, la pobreza, el desempleo y la educación.

La corrupción va de la simple “mordida” al policía de tránsito hasta los altos niveles de gobierno que permiten una serie de hechos que atentan contra el bienestar de la nación y sus pobladores. Según el Foro Económico Mundial el costo que representa la corrupción en México equivale al 9% del Producto Interno Bruto (PIB), y las empresas destinan un 10% de sus ingresos en sobornos. La corrupción representa un delito, pero en muchas ocasiones si las dos partes están de acuerdo en realizar dicho “acuerdo”: dinero o especie a cambio de “un favor”, se crea un círculo vicioso difícil de combatir.

Estos tres factores mencionados han sido determinantes para que desde mediados del siglo XX a la fecha el país no logre su crecimiento de una manera plena en los principales sectores de desarrollo. La desigualdad puede, o no, generar el fomento de la venta de sustancias prohibidas, pero mucho del sustento del narcotráfico está ligado a la corrupción de autoridades.

La privatización

El sector energético es considerado como un elemento importante y estratégico para el desarrollo económico del país. Las principales empresas para estatales de México son Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ambas se encuentran controladas por el Estado.

A fines del siglo XIX y, principalmente, a inicios del XX, el petróleo se convirtió en el producto energético más importante para el ámbito  económico y social del mundo. Desde ese momento México ha sido uno de los principales productores de petróleo. Las empresas que comenzaron la explotación de los yacimientos, las más importantes de origen extranjero, tuvieron relativamente un peso importante en la economía del país y una influencia política en la vida nacional.

En la década de los treinta el ámbito petrolero mexicano tuvo momentos importantes que marcaron su rumbo, como la unificación, en 1937, de los sindicatos de trabajadores petroleros de las diferentes compañías y la presentación de las demandas laborales a las empresas. Otro aspecto importante fue la huelga vista como un conflicto económico, lo que permitió la reanudación de las actividades industriales. Lo que enfrentó al gobierno, en marzo de 1938, a la disyuntiva de ceder ante la presión de las compañías o hacer cumplir la ley.

Lázaro Cárdenas (1895-1970), el 18 de marzo de 1938,decretó la expropiación de los bienes de las empresas petroleras que estaban causando conflicto. Así hizo cumplir con la resolución de ley y puso en práctica el estado de derecho y la soberanía de la nación a nivel internacional.

Las naciones están dotadas de diferentes recursos que dependiendo sus necesidades  utilizan de determinada forma. Por ejemplo, los que resultan determinantes para que un país esté en capacidad de tomar decisiones con autonomía y libertad, y se vuelven vitales porque sostienen la economía, o porque evitan o rompen dependencias con otros países. En el caso particular de México, el petróleo representa un producto vital para el desarrollo.

Con el decreto de la expropiación petrolera esta industria de se convirtió en el factor principal de la industrialización y del crecimiento económico del México. Desde ese momento la industria petrolera logró crecer a partir de sus propios recursos, como la creación y desarrollo  de tecnología para la exploración y la explotación. La construcción de refinerías y plantas de petroquímicas permitió alcanzar campos productivos diferentes como la petroquímica, los fertilizantes, la agricultura, la construcción, la ingeniería, el transporte y demás campos donde el petróleo se volvió un producto vital. Este crecimiento atrajo inversiones privadas y públicas y contribuyó a la generación de empleos y al desarrollo de diversas regiones de la nación.

En 1977 hubo grandes cambios, en la política petrolera al aumentar  de manera considerable la producción y exportación. Anteriormente esta política se enfocaba en satisfacer la demanda interna y a industrializar las cantidades requeridas por el crecimiento de la refinación y la petroquímica. En esa misma época, cuando a la exportación se le destinaban grandes cantidades de producto crudo tuvo auge ela construcción de complejos petroquímicos.

En los años noventa la industria petrolera comienza a entrar en crisis y se inicia el desmantelamiento y el detrimento de la petroquímica estatal. Se le da mayor importancia a la exportación y la refinación para el consumo nacional no se amplía. También se le recortan recursos económicos a Pemex para invertir en su crecimiento y en el mantenimiento de las instalaciones.

En ese mismo periodo desaparece la política de industrialización del país, y México se convierte básicamente en un país maquilador. La política de crecimiento industrial se ve truncada y comienza el desmantelamiento y la privatización de la economía, el ámbito rural sufre una caída importante al igual que el nivel de vida de la sociedad mexicana, principalmente en la clase media y en la clase baja.

La cada vez más escasa intervención del Estado en la economía del país hace depender sus finanzas de la renta petrolera. Los gobiernos neoliberales aparecidos en la segunda mitad del siglo XX y que siguen presentes en está primera década del siglo XXI han reducido su autonomía en la toma de decisiones y han hecho depender al país cada vez más de factores externos tanto a nivel político, económico como cultural.

Como señala Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (1934), “en el caso particular de la industria petrolera, se desmembró la administración de Petróleos Mexicanos con la finalidad de preparar la privatización de sectores clave de la actividad, se adoptaron esquemas violatorios de la Constitución para la explotación de gas natural, como son los llamados contratos de servicios múltiples, se recurrió a patrones de financiamiento externo de alto costo, se redujeron drásticamente los presupuestos para exploración, no hubo proyectos para la expansión de la refinación, la petroquímica, las redes de ductos y el control de sus flujos, la renovación e incremento de la flota o para el apoyo a la investigación y el desarrollo de tecnología, en este caso, en el Instituto Mexicano del Petróleo”.(6)

Al pensar en la privatización de Pemex, lo que se pone en juego es la aspiración nacionalista de aprovechar bien la producción de petróleo y no sólo dejarlo en manos de aquellos que ofrezcan la mejor cantidad de dinero. El beneficio, afirman diversos analistas, debe ser para la nación, donde todas las partes ganen.

El petroleó es un recurso natural que, como dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  corresponde a la nación el dominio directo de éste. Sin embargo, a finales de la década de los ochenta el gobierno hizo cambios al sector energético y en 1992 la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se modificó y el sector privado tuvo una mayor participación en ese rubro. La tendencia de desnacionalización siguió en los sexenios sucesivos al de Salinas de Gortari. Ernesto Zedillo (1951) y Vicente Fox (1942) disminuyeron la productividad de la CFE para que las empresas privadas pudieran generar sus propias ganancias.

La CFE la empresa más grande, en lo que al sector eléctrico se refiere, de América Latina fue fundada en 1937 y desde 2009 se encarga de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Actualmente, la CFE, por diversos factores corre el riesgo de desaparecer como sucedió con el caso de la paraestatal de Luz y Fuerza del Centro. Se contraponen las opiniones de los que están en contra de la privatización del sector eléctrico y los que están a favor. Los primeros porque ven en estas posibles acciones una venta de un recurso nacional que pertenece, por ley, a los mexicanos y al ponerlo en manos privadas puede generar un incremento desmesurado de las tarifas; los segundos, los que están a favor, ven en la privatización una posibilidad de mejorar los servicios y el cobro de precios justos.

Para Gian Carlo Delgado Ramos (1978), en su obra Sin energía. Cambio de paradigma, retos y resistencias (2009), el tema de los recursos naturales debe estar reculado y apegado las Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos para que el desarrollo económico con base en estos sectores energéticos tenga un crecimiento que beneficie a todos y no sólo a algunos.(7)

En las comunicaciones y transporte se ha hecho presente la privatización. La desaparición de los trenes de pasajeros que conectaban todo el país desde principios del siglo XX, cuando Porfirio Díaz fundó Ferrocarriles Nacionales de México en 1907 y Lázaro Cárdenas los nacionalizó en 1937, comenzó con el gobierno de Ernesto Zedillo con la desincorporación del Sistema Ferroviario Mexicano y terminó con la liquidación hecha por Vicente Fox. En su lugar se establecieron distintas empresas de transporte, el gobierno de Miguel de la Madrid impulsó la transportación carretera de mercancías y pasajeros. En 1995 Ernesto Zedillo hizo oficial la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México. Los ferrocarriles que quedan actualmente funcionan como transporte de carga de esas empresas privadas que se encargan de controlar ahora el sector ferroviario, el cual se vendió a un costo muy bajo a empresarios extranjeros, los cuales han obtenido ganancias altas en el transporte de carga.

En otros rubros también la privatización se hizo presente desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1948) aeropuertos y puertos marítimos fueron privatizados en ese mismo periodo. En 1990 fue cuando los puertos marítimos comenzaron a reivindicarse dentro del desarrollo económico del país. Los servicios portuarios se encuentran dentro del sector de comunicaciones, permiten hacer más eficiente el sistema de transporte y ayudan al crecimiento económico en otras naciones.

El puerto de Manzanillo es unos de los más importantes porque permite la conexión de México con el Océano Pacífico y el corredor industrial y comercial más importante de México, además permite el comercio internacional con el centro y sur de América,  Estados Unidos y Canadá. Otro de los puertos con actividad comercial importante que tiene competencia con el puerto de Manzanillo es el de Lázaro Cárdenas en Michoacán, cual últimamente ha alcanzado niveles altos como puerto industrial.

En la década de los ochenta se comenzó una mejora en los puertos mexicanos, en cuanto a  infraestructura, equipo y logística. En ese periodo el impacto económico que generaban los puertos era a nivel regional, ya que se generaban empleos. Esta poca repercusión económica más allá de las fronteras ocasionó ineficiencias en los puertos, poco desarrollo de infraestructura y tecnología. Fue hasta 1993 cuando, bajo la ley de puertos, se descentralizan y privatizan los puertos mexicanos. El estado deja de tener injerencia en los puertos, de este modo las renovaciones y la infraestructura comenzó a recaer sobre las empresas privadas. La privatización generó no sólo la competencia entre empresas mundiales sino también entre las nacionales, pero el problema radica en que tal competencia llega a ser desleal, ya que sólo diferencian los servicios entre una y otra naviera por detalles que añaden sin presentar en realidad un mejor servicio.

Por último, el sector aeroportuario también se encuentra entre los  posibles planes de privatización, bajo el argumento de que a partir de ésta se conseguirán mejoras en servicio e infraestructura. Esta idea vino después de la privatización de los ferrocarriles. Se han considerado 35 de los 57 aeropuertos operados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Emilio Sacristán Roy (1939) considera que “el problema de esta privatización es que cuando ASA era prioritaria no costaba nada al gobierno, antes al contrario, le proporcionaba importantes ingresos cerca de 1000 millones de pesos al año. Y esto, a pesar de que con los excedentes de los 35 aeropuertos rentables se pagaban los déficit de los 22 aeropuertos perdedores. Hoy día ASA, con las ganancias del aeropuerto de la Ciudad de México, mantiene a los aeropuertos deficitarios que no se han trasladado a los gobiernos estatales”.(8)

El tema de la privatización de varios sectores de desarrollo mexicano resulta controversial por las dos posturas que se contrapone; los que se oponen a la entrada de empresas privadas en las paraestatales porque ven en ello la venta de los bienes que por ley le pertenecen al pueblo mexicano, y que con ellos las empresas privadas serán las únicas beneficiadas; y los que piensan que la solución para el mejoramiento del servicio y la infraestructura está en la entrega de los bienes a empresas privadas y extranjeras.