Pueblos indígenas olvidados

Raúl Lara

La problemática indígena existe desde el periodo de la conquista española. Los reyes de España y la jerarquía eclesiástica tomaron el estandarte religioso de la Iglesia Católica como el derecho legítimo que la divinidad les había designado para evangelizar a las poblaciones aborígenes del nuevo continente y legitimar la posesión colonial de los territorios.

La población indígena de nuestro país participó en los dos grandes movimientos armados de la historia nacional. Al término de la revolución una de las demandas aún vinculadas directamente con este sector de la población fue la devolución de la tierra con la cual los pueblos indígenas mantienen una relación milenaria que les provee una identidad grupal, distante de lo ideado por el proyecto de Estado-Nación que emergió al finalizar el movimiento armado de 1910.

Para tratar de resolver el problema de índole cultural del proyecto revolucionario, hubo quienes propusieron el mestizaje como el camino de asimilación(1) que una cultura nacional tenía que ejercer sobre seccionadas culturas aborígenes independientes. El problema radica en la anulación de los pueblos indígenas como “unidades” autónomas del todo generalizado, el cual es palpable aún en la cantidad de lenguas que se hablan dentro del territorio nacional, a la par de las diferenciadas prácticas que cada pueblo tiene entre sí, lo que implica modos diversos de organización social.

La visión que imperó durante los primeros años en que se discutió esta problemática daba cuenta de la situación de identidad que podía poner en riesgo nuevamente la estabilidad nacional; se partía del supuesto: el indio o indígena, no es mexicano, hay que hacerlo mexicano(2).

Sin embargo, tal integración a través del mestizaje u otros mecanismos de asimilación propuestos no tuvieron los alcances esperados. Como lo propusiera Guillermo Bonfil Batalla, (1935-1991), los pueblos indígenas desarrollaron mecanismos de resistencia cultural para hacer frente a lo que se planteaba, con el fin de garantizar una completa unidad nacional que derivara en un desarrollo acelerado para el país; permanencia de tradiciones, husos horarios distintos, mantenimiento de la lengua, organización social por medio de usos y costumbres, son algunos de los rasgos que perviven en los pueblos indígenas, que a su vez como mecanismos cerrados permiten su existencia hasta este siglo XXI.

La sentencia dictada ante la resistente negativa de los pueblos indígenas por renunciar a su identidad milenaria, propició, en parte, que se les relegara y marginara de los procesos de desarrollo nacional. El derecho a respetar la cultura de estos pueblos así como la conservación de sus rasgos distintivos, se discutió no hace mucho tiempo desde la esfera internacional, pero también desde lo nacional.

En gran parte del país la presencia de culturas distintas significa una remuneración económica, pues el arte manual que desarrollan con diferentes materiales y estilos es visto como un atractivo para el turismo extranjero, sin que, en su mayoría, el artesano logre la remuneración adecuada, dado el precio que reciben por sus productos y el precio a veces exorbitante que alcanzan sus productos en ciertas tiendas promotoras de las artesanías nacionales.

El término indigenismo remite a la palabra indígena, la cual se comenzó a utilizar como un sinónimo de indio de uso frecuente en el lenguaje común y también en la investigación antropológica para evitar las connotaciones peyorativas y discriminatorias que tenía la palabra indio cuando se empleaba por los “no indios”. Arturo Warman, (1937-2003), etnólogo mexicano, dice que el término indio no era utilizado durante la época de la conquista española para analizar los niveles de organización de la sociedad. Este término, según Warman,surgió para distinguir globalmente, para agrupar de manera indiferenciada a los descendientes de los pobladores anteriores a su llegada y el indio fue una categoría social que se aplicó en todo el ámbito del sistema colonial español, con excepción de las colonias europeas[iii].

Por tal motivo, los asuntos sobre el indigenismo eran y son de índole ideológica porque se refieren a categorías sociales y a su posición relativa.

Para el antropólogo mexicano Alejandro Marroquín el indigenismo es la política que realizan los estados americanos para atender y resolver los problemas que confrontan las poblaciones indígenas, con el objeto de integrarlas a la nacionalidad correspondiente.

El Instituto Indigenista Interamericano, principal impulsor del indigenismo, lo define como:

una formulación política y una corriente ideológica, fundamentales ambas para muchos países de América, en términos de su viabilidad como naciones modernas, de realización de su proyecto nacional y de definición de su identidad.

En Latinoamérica el escritor peruano José Carlos Mariátegui, (1894-1930) tuvo relevancia en el tema del indigenismo por su aportación ideológica: en su revista Amauta, fundada en 1926, tuvo un medio escrito con impacto inmediato para reivindicar los derechos de los indígenas. La revista aparte de estar dedicada al análisis de la literatura y el arte peruano y extranjero, tenía como objetivo hablar de la realidad social y proponer soluciones a los abusos y diferencias históricas que sufrían los pueblos originarios de Perú.

Mariátegui veía el indigenismo desde una visión marxista. Postuló la idea de que Perú es para los peruanos, y éstos a su vez están conformados por aquellos pueblos originarios, por sus tradiciones, ideologías, cosmovisión. Estos pueblos no solo se singularizan por la etnia sino también por la clase a que pertenecen. Él no negó el aporte que dejó la conquista de los españoles, más bien estaba en contra del feudalismo; su indigenismo no es anti hispánico. Mariátegui en 1927 dice respecto a su postura ante el legado español: “no renegamos, propiamente, la herencia española; renegamos la herencia feudal”.

La diversidad era la base primordial de la nación peruana para Mariátegui; el rasgo multicultural y multilingüe debía responder a una integración donde no prevaleciera ni lo incaico ni lo colonial. El problema indigenista no residía, siguiendo la postura del pensador peruano, en la raza sino en lo económico, social y político, lo cual está basado en el problema de la tierra, ya que la mayoría de la población indígena se dedicaba a trabajar en la agricultura; por lo tanto, para él, la solución se encontraba en la desaparición del feudalismo y en el reparto equitativo de las tierras y las riquezas. Mariátegui fue de gran influencia en el pensamiento político de la América Latina del siglo XX.

Para hablar del indigenismo en México, es necesario remontarnos al mal llamado descubrimiento de América. Algunos estudiosos denominan este periodo como indigenismo preinstitucional, el cual va desde el “descubrimiento” y conquista del continente americano, la construcción de la Nueva España, hasta la Revolución Mexicana. En este periodo preinstitucional, no es que no haya habido política indigenista sino que es donde se amalgama una serie de problemas indígenas y se trata de asimilarlos.

Las políticas públicas que se han llevando a cabo en México, a lo largo de su historia, no han respondido del todo a las necesidades de la sociedad. El Estado, con sus instituciones, difícilmente ha formulado soluciones para que la población obtenga los beneficios que le garanticen un nivel de vida aceptable. Dentro de las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano se encuentran las políticas indigenistas, sin mucho éxito a lo largo de la historia del país, ya que no solucionan los problemas histórico, social y político que tienen los grupos indígenas. La mayoría de estas iniciativas tienen como fin homogeneizar a la población, sin respetar su autonomía y cosmovisión.

En la época colonial el indigenismo tenía un cariz religioso con una justificación cristiana. La lucha de independencia no trajo consigo beneficios para los indígenas; con las Leyes de Reforma de Juárez y Lerdo de Tejada, como señala Leif Korsbaek, se trató de relegar a este grupo social con la implementación de leyes dirigidas contra las tierras colectivas de las comunidades. Sin embargo, lograron resistir por medio de la institución central de su comunidad, es decir, con el sistema de cargos. Las políticas indigenistas del siglo XIX, según Sámano Rentería, se dedicaron principalmente a tratar de erradicar a los indígenas del país. Pero en el inicio del siglo XX el panorama cambiaría con el levantamiento armado de la revolución mexicana. A pesar del que el levantamiento revolucionario luchó por la tierra, no se trató de una revolución de los indígenas sino de los mestizos y hacendados. A pesar de ello se rememora a la Revolución Mexicana como un movimiento de inspiración indígena.

En esa época destacaron cuatro pensadores que reflexionaron sobre el tema del indigenismo nacionalista que comenzaba a surgir: Andrés Molina Enríquez, (1868-1940), Manuel Gamio, (1883-1960), José Vasconcelos, (1882-1959), y Moisés Sáenz, (1888-1941). En Los grandes problemas nacionales, obra publicada en 1909, Andrés Molina Enríquez menciona que había 4.9 millones de indígenas de una población de 14 millones de habitantes, de la cual la mitad era mestiza y 12 millones se alimentaban de maíz y frijol. Molina Enríquez veía a la raza blanca más avanzada y evolucionada, y proponía que el problema indígena se tenía que resolver mediante el mestizaje entre blancos e indígenas, ya que, según él, la mezcla de razas era la mejor opción. Se trataba de una visión nacionalista en la que buscaba que esa “nueva raza”, la mestiza, comenzara a predominar sobre la indígena y la blanca.

Por otra parte, pero con una forma de pensar parecida a la de Molina Enríquez, se encuentra Manuel Gamio, quien en 1916 con su obra Forjando patria también se pronunció por la mezcla de razas y culturas y propuso la división del territorio mexicano en diez áreas culturales para realizar estudios específicos de los habitantes indígenas de esas mismas por medios del rastreo de antecedentes raciales, culturales y lingüísticos. Lo que buscaba Gamio era la integración del indígena a la nación mexicana de principios del siglo XX, pero conservando su rasgo étnicos. Por esta razón se considera a Gamio el precursor del indigenismo del siglo XX.

José Vasconcelos, fundador de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pensaba en la formación de una sociedad por medio de la educación. El ideal lo encontraba en las culturas antiguas de Occidente, por ello deseaba occidentalizar al indígena para aspirar a una sociedad moderna, en la cual la “raza de bronce” representaba al mestizo educado al estilo occidental. Estas ideas las plasmó en su obra La raza cósmica publicada en 1925. El plan educativo de Vasconcelos proponía la enseñanza de una lengua, geografía e historia mexicanas, así como filosofía clásica de occidente, es decir, una formación occidental y nacionalista. Esto implicaba que, según Vasconcelos, el indígena renunciara a su identidad para construir una sociedad moderna basada en principios revolucionarios y nacionales.

Moisés Sáenz apoyaba la idea de Vasconcelos, al pensar que la educación sería un factor transformador en los indígenas. En 1922 fundó la Escuela Rural para tratar de integrar a la nación al indio, con ello se inició la política indigenista en México. Para 1923 las escuelas rurales se convirtieron en Casas del Pueblo, y para el siguiente año se creó la Casa del Estudiante Indígena en la ciudad de México, pero en 1932 fue cerrada al no cumplir con los objetivos esperados. Otro aporté de Sáenz fue la creación de la Estación Experimental de Incorporación del Indio en Carapán, Michoacán. El propósito de dicho proyecto fue hacer un estudio sociológico y antropológico para transformar la cultura indígena.

Estos pensadores e intelectuales mexicanos plantearon las bases, algunas todavía vigentes, del indigenismo en nuestro país: tratar de integrar al indígena a la sociedad y que la sociedad mestiza y occidentalizada asimilara esa cultura. Sin embargo, todas estas ideas propuestas han sido planteadas a lo largo de la historia del país desde una perspectiva que no incluye la opinión del indígena con su cosmovisión del mundo; sólo se trata de integrarlo a la sociedad para poder homogeneizar y suprimir sus tradiciones y estilo de vida. Warman señala que, en el indigenismo,

…los indios son y han sido objeto de la discusión pero no participantes de la misma. La discusión indigenista siempre ha tenido lugar en el grupo dominante… Esto no implica que los indígenas no tengan un papel determinante, aunque subordinado, en el proceso del país, sino que su intervención no se manifiesta a través del indigenismo entendido en este caso como tarea intelectual(4).

 

Con el cardenismo (1934-1940) comenzó lo que algunos antropólogos denominan el indigenismo oficial, y en 1935 se creó Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas (DAAI), para atender los problemas del sector y gestionar los recursos económicos necesarios para sus soluciones. Para 1938 surgió el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para el estudio de las etnias en el país. Con Lázaro Cárdenas, (1895-1970), en el poder, se enfatizó en asuntos de materia indígena, como la creación, en 1937, del Departamento de Educación Indígena en la Secretaría de Educación Pública. Dos años después se fundó el Congreso de Lenguas Indígenas, y en 1940 se llevó a cabo el Congreso de Pátzcuaro, Michoacán, en el cual se acordó la creación del Instituto Indigenista Interamericano con sede en México, es decir, se pensaba en un programa indigenista que abarcara todo el continente. Con este acontecimiento ya se puede hablar de una institucionalización del indigenismo en Latinoamérica.

En 1946 desapareció el DAAI y en su lugar quedó el Instituto Nacional Indigenista (INI), fundado dos años después. Según Leif Korsbaek y Miguel Ángel Sámano Rentería, este nuevo instituto tenía como acciones principales:

“I. Investigar los problemas relativos a los núcleos indígenas del país: II. Estudiar las medidas de mejoramiento que requieren esos núcleos indígenas; III. Promover ante el ejecutivo federal la aprobación y aplicación de esas medidas; IV. Intervenir en la realización de las medidas aprobadas, coordinando y dirigiendo, en su caso, la acción de los órganos gubernamentales competentes; V. fungir como cuerpo consultivo, de las instituciones oficiales y privadas, de las materias que, conforma a la ley, son de su competencia; VI. Difundir, cuando lo estime conveniente y por los medios adecuados, los resultados de sus investigaciones, estudios y proposiciones; y VII. Emprender aquellas obras de mejoramiento de las comunidades indígenas que le encomiende el Ejecutivo, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Indígenas”.(5)

 

Las instituciones y los programas indigenistas se delinearon de una manera más clara. A mediados del siglo pasado inició un auge mayor del indigenismo. Uno de los personajes importantes que ayudó a impulsar y a afianzar el indigenismo actual fue Alfonso Caso (1896-1970), quien compartía las ideas de Molina, Gamio y Vasconcelos. Según Sámano Rentería,

el planteamiento de Caso era que los indígenas se modernizaran y dejaran de ser indígenas, para convertirse en mexicanos, hablando español, para tener acceso a las instituciones oficiales, que había creado el Estado mexicano durante varios años.(6)

 

El indigenismo de los primeros años posteriores a la Revolución Mexicana se centró en la alfabetización del indio y la aculturación por medio de la educación; posteriormente, se trató de una asimilación e integración de éste. Con esa visión el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, (1908-1996), creó el Centro Coordinador Indigenista (CCI) en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 1951. En la década de los setenta, durante el sexenio de Luis Echeverría (1922), se crearon cerca de 58 CCI y el gobierno creó programas y fideicomisos para ayudar al INI. Los internados indígenas se convirtieron en centros de enseñanza y se buscó la colaboración de las comunidades para crear programas. En 1975, se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Pueblo Indios, con ayuda de la Confederación Nacional Campesina y la Secretaría de la Reforma Agraria, de la cual salió el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI).

En la siguiente gestión sexenal, la de José López Portillo, (1920-2004), se dio continuidad al proyecto de la política indigenista. La Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados apareció en 1977. La función de esta dependencia era coordinar programas de alimentación, educación, salud, caminos, agua, vivienda, electricidad, en zonas marginadas. Con Miguel de la Madrid, (1934-2012) en el gobierno la política indigenista inició una crisis importante. Sin embargo, el Plan de Desarrollo de 1983 a 1988 tuvo cuatro objetivos destacados: reconocimiento de la realidad pluricultural del país y apoyo a la educación bilingüe; mayor participación de los grupos indígenas en la planeación estatal y municipal; mejoramiento de los niveles de bienestar de la población, con la utilización consiente de los recursos financieros y naturales; y aumentar los apoyos para rescatar y difundir las culturas indígenas.

A pesar de estos puntos en el plan de desarrollo, hubo poco presupuesto para las dependencias que se encargaban de los asuntos indígenas. Con el Estado mexicano en crisis, las políticas en apoyo a los indígenas no continuaron en la misma manera que en las administraciones anteriores.

En 1988, con el inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, (1948), surge el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), con el cual se perfila el indigenismo de la actualidad con un tinte asistencialista. Las acciones que emprendió Salinas de Gortari durante su mandato dejaron ver su iniciativa indigenista latinoamericana, la cual no tuvo éxito, según advierte Sámano Rentería. Con la Cumbre Iberoamericana celebrada en Guadalajara en 1991, Salinas propuso la creación del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Para antropólogos estudiosos de la frontera sur del país, un suceso importante que repercutió en las políticas indigenistas fue el levantamiento zapatista de 1994 por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), con el cual se vieron afectados los pueblos indígenas, en cuanto a su subsistencia campesina.

Ernesto Zedillo Ponce de León, (1951), continuó la línea política indigenista implementada por el gobierno antecesor. En 1995, el INI presentó un documento en el cual se proponía una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Con éste se reconocían los derechos y la autonomía de los pueblos. El movimiento indígena nacional demandaba que se respetara su autonomía y que fueran incluidos dentro del proyecto nacional, con el respeto de sus derechos y tradiciones. El gobierno no cumplió todas las peticiones y se rompió del diálogo con el movimiento zapatista hacia el final del sexenio.

Ante esta situación, con el cambio de gobierno, el entonces mandatario Vicente Fox, (1942), representando el llamado gobierno de la alternancia, sigue la línea de sus antecesores Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, en cuanto a los asuntos indígenas con el Programa Oportunidades. Minimizó la problemática de las comunidades zapatistas y aseguró que resolvería el conflicto de forma rápida y sencilla, hecho que no sucedió de ese modo. En el año 2000, Vicente Fox, en su Plan de desarrollo, relegó a las comunidades indígenas del sur del país en cuanto a la economía. Este mismo gobierno sustituyó el INI por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en 2003. Sólo fue eso, un cambio de forma y no de fondo; para Sámano, seguían siendo las mismas políticas paternalistas y asistencialistas que se propusieron cuando existía el INI las que continuaron llevándose a cabo, las cuales no proponían un desarrollo integral de las comunidades.

También durante el gobierno del presidente Vicente Fox se llevó a cabo la creación del Plan Puebla Panamá, el cual tenía como propósito generar el desarrollo regional de la zona mesoamericana, con países de Centroamérica y México. El proyecto trataba de integrar la zona sureste de México con Centroamérica por medio de ocho iniciativas: integración vial, facilitación del cambio comercial, interconexión energética, integración de los servicios de telecomunicaciones, desarrollo sustentable, promoción turística, desarrollo humano, y prevención de desastres naturales. Sin embargo, esta iniciativa no tuvo los resultados deseados; Nydia Egremy indica que el proyecto beneficiaría a 65 millones de habitantes: 28 millones en la zona que corresponde a México (entre estos comunidades indígenas del sureste del país) y 36 millones de Centroamérica, sin embargo, estas regiones siguen en la pobreza, los niveles educativos son bajos y los índices de desempleo altos(7).

El principal factor del fracaso fue que el gobierno del ex mandatario no estableció un diálogo con las comunidades indígenas que resultarían “beneficiadas”; éstas desde el lanzamiento del plan se opusieron a él, porque alterarían, sin ningún desarrollo sustentable, el espacio geográfico natural en el que se desarrolla su vida social y económica. El desarrollo de vías de comunicación en estas zonas indígenas implica la introducción de nuevas tecnologías, lo que, a su vez, conlleva una alteración de la forma de vida en las comunidades indígenas y la violación de sus derechos, lo cual permite suponer que para los gobiernos el indigenismo es más ideológico que práctico. Alberto Arroyo Picard, investigador de la UAM, consideró que desde un principio el Plan Puebla Panamá planteó una estrategia equivocada, porque el desarrollo integral que beneficiaría a la gente se convirtió en obras que sólo beneficiarían a las compañías transnacionales.

Si bien en 2001 existió una reforma constitucional para establecer una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad, hay un abismo entre la letra y la práctica. Los derechos de los indígenas se ven quebrantados una y otra vez por aquellos que consideran sus prácticas tradicionales, cosmovisión, ideología, como no apropiadas para su “integración a la sociedad”. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México persiste la violación a derechos de los indígenas, sector conformado por unos 15.7 millones de personas (dato del año 2011), y la misma dependencia señala que no sólo la violación de sus derechos sino también la protección de su cultura, usos y costumbres.

El gobierno actual que está por concluir ubicó a los pueblos indígenas como grupos prioritarios en su Plan de Desarrollo 2007-2012; sin embargo, no ha sido así, entre los programas principales para ayuda a los pueblos indígenas están: el de Albergues Escolares Indígenas (PAEI); Fondos Regionales Indígenas (PFRI); Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ); de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI); Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI); de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI); de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI); y Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI).

Todos estos programas tienen como propósito destinar una ayuda económica a las comunidades; si bien son importantes ya que la pobreza en la que viven los indígenas es extrema, no cubre el total de sus necesidades ni la problemática histórica de fondo en la que se encuentran desde la conquista española. Se necesitan programas que solucionen el rezago de las comunidades sin quitarles su identidad, como señala Violeta Núñez Rodríguez,

de ser importante para el gobierno federal, el llamado desarrollo con identidad, la política no sería la asistencia… sino la autonomía territorial, un claro asunto pendiente hacia a aquellos quienes resisten desde hace más de 500 años, los pueblos indígenas….(8)

 

Ante el avance de la mancha urbana, como resultado de esta resistencia, se encuentran los pueblos originarios del Distrito Federal que, según la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), los cuales son cerca de 150, pero quienes más conservan y defienden sus tradiciones y su identidad son los de zonas rurales en las delegaciones Milpa Alta, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En estas zonas existen rasgos históricos, geográficos, culturales, sociales y económicos que siguen conservando, a pesar del paso del tiempo, debido a su relación con la defensa de la integridad del territorio y de los recursos naturales.

A este tipo de zonas se les denomina como pueblos originarios porque sus antecedentes se cimientan sobre la base de un proceso de complejo de continuidad histórica, a partir de las poblaciones que habitaron la zona del Distrito Federal desde antes de la conquista. El altiplano central mexicano, que incluye la cuenca de México y los valles de Puebla, Toluca y Morelos, fue una zona determinante para la antigua Mesoamérica, y después se convertiría en el espacio medular del imperio azteca. Según la SEDEREC el Programa de Fortalecimiento y Apoyo para los Pueblos Originarios, reconoce su herencia histórica y reivindica su derecho a conservar sus identidades culturales, sus formas de organización e instituciones propias. Por tal razón, esta Secretaría establece y opera las acciones y actividades institucionales que tienen la finalidad de apoyar, difundir y conservar su cultura milenaria.

En los 146 pueblos originarios que existen en las 16 delegaciones, en ellos habitan 1 509 355 personas que representan cerca del 17% del total de la población del Distrito Federal(9). Al igual que en el resto de las comunidades que se encuentran en los diferentes estados del país, éstas han resistido a los procesos de asimilación y aculturación, además del desplazamiento por el crecimiento de los límites de la ciudad de México. Estos pueblos han mantenido sus tradiciones y sus usos y costumbres. Mantienen el compromiso con sus raíces y luchan por mantenerlas.

Algunos de esto pueblos se mantienen, sobre todo los que están en zonas rurales, del autoconsumo y venta, en los mercados cercanos, de su producción agropecuaria. Sin embargo, no han recibido la ayuda suficiente para lograr que su actividad dentro de la agricultura tenga un impacto mayor y no sólo local o familiar. Datos de la SEDEREC estiman las siguientes cifras en cuanto a la actividad agraria en la zona de la ciudad de México:

En los pueblos originarios del Distrito Federal se encuentran 92 núcleos agrarios reconocidos en el Registro Agrario Nacional, distribuidos en las demarcaciones políticas de Cuajimalpa de Morelos, Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Tláhuac, Tlalpan, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Xochimilco. El número total de ejidatarios y comuneros es de 25,899, con derechos reconocidos en el Registro Agrario Nacional, 17,886 hombres que representan el 69% y 8,013 mujeres equivalente al 31% del total. De estos 92 núcleos agrarios, 44 de ellos se localizan en las 7 delegaciones con suelo de conservación y rural: Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Álvaro Obregón, en los cuales se encuentran 18,399 ejidatarios y comuneros, de los cuales 5,662 son mujeres, lo que corresponde al 31% y 12,737 hombres, equivalente al 69%.(10)

 

Estos datos dejan ver que el trabajo de la tierra sigue siendo un rasgo distintivo de estas comunidades. Sin embargo, la mancha urbana crece lo cual perjudica el territorio en el que desarrollan esta actividad. Por esta razón han comenzado a diversificar sus actividades económicas y muchas personas de estas zonas han decidido migrar al centro de la ciudad en busca de mejores oportunidades. Muchas de ellas lo han logrado pero otras no han tenido la misma fortuna y se nota en las calles a indígenas que no logran entrar al ritmo de vida social de los capitalinos, la mayoría de las veces por discriminación y por violación de sus derechos.

Tanto la SEDEREC, creada en 2007, como el Programa de Apoyo a los Pueblos Originarios (PAPO), puesto en marcha en 2003, han desempeñado una función importante para mantener la identidad de estas zonas por medio de 256 proyectos comunitarios, en los cuales los indígenas participan para su elaboración y ejecución. A pesar de ello faltan acciones que permitan resolver el problema de fondo, tanto de las comunidades indígenas del Distrito Federal como las del resto del país.

Como hemos visto el indigenismo en su proceso histórico ha tenido altas y bajas, y actualmente, como señalan Korsbaek y Sámano:

El indigenismo ahora, en momentos de neoliberalismo y globalización, está obrando bajo condiciones que son profundamente diferentes de las condiciones del nacionalismo mexicano (y otros nacionalismos) y que los indígenas en estas condiciones tienen toda la libertad para formular su propio indigenismo… El neo indigenismo que hoy tenemos a la vista es un abandono de parte del gobierno de sus obligaciones formuladas bajo el concepto de justicia social, y una polarización con su contrapartida de indigenismo militante de los indígenas mismos. El asunto no es que el gobierno haya de orientación, sino que la misma lógica del neoliberalismo excluye la posibilidad de llevar a cabo un indigenismo como fue percibido y planeado bajo las condiciones de un proyecto nacional.(11)

 

El proceso del indigenismo en México, como señalan varios de los autores mencionados, no ha respondido cabalmente a las necesidades de las comunidades indígenas, sino que ha seguido los intereses del Estado y las políticas globales.

Es claro, después de lo expuesto, que ante la problemática indígena existen dos posturas: la de Estado-Nación y la de autonomía de los pueblos indígenas. La primera nos remonta hasta 1824, cuando la Constitución sigue un modelo de Estados-nación europeos, es decir, el país se concibe como un Estado homogéneo en el que todos los integrantes del territorio tienen los mismos derechos; sin embargo, como señala Luis Villoro,

“a partir de la constitución de 1824, en las siguientes Constituciones, las que antes eran llamadas constituciones indígenas no quedan mencionadas”(12).

 

En ese mismo año se aprueba la reforma para incluir a Chiapas a la Federación Mexicana, después de independizarse de la Corona Española, y es en 1882 cuando se reconoce como parte del territorio mexicano.

Es hasta 1992 cuando la reforma del Artículo 4º de la Carta Magna se declara que México es un país heterogéneo por estar conformado por pueblos y culturas diversas. En esta reforma del artículo queda asentado que

la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

 

Actualmente el primer párrafo donde aparecía dicha reforma fue derogado(13); de esta manera, los pueblos ante la ley vuelven a “perder” ese reconocimiento como entidades autónomas; aunque en la práctica nunca lo obtuvieron cabalmente, ya que la idea de Estado-Nación implica la homogeneización de la cultura comenzando con un solo lenguaje, en este caso el español, reconocido como lenguaje nacional, es decir, la negación del indígena como el otro con sus diferentes lenguas. Esto implica, para algunos analistas, una especie de “etnocidio” y mientras no se reconozca una autonomía en la práctica como un derecho los pueblos seguirán en la misma situación.

El primer paso en pro de los derechos indígenas es que los gobiernos reconozcan la autonomía de las comunidades indígenas y después elaborar una política que englobe asuntos económicos, sociales y culturales incluyentes sin que se pierda la identidad de éstos, pero ante todo se deben formular las interrogantes: “¿ellos desean ser incluidos a la sociedad?” “¿desean renunciar a su cosmovisión para adquirir una nueva forma de vida alejada de sus tradiciones?”. Todas las decisiones indigenistas, siguiendo a Warman, deben empezar a partir de ellos, los indígenas, y no de la postura gubernamental.